Hay mucha información en internet al respecto, pero por poner un resumen rápido:
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article2702
http://www.blogcatalog.com/blog/whispers/670a5268315662cd8c046ef96af62305
La justicia continúa con su trámite implacable y la necesaria depuración de responsabilidades ha ido progresivamente degenerando en una auténtica "caza de brujas". Finalizada la instrucción del caso, tras cuatro largos años, han resultado imputados siete técnicos que participaron en el dispositivo.
En este sentido, y como colectivo afectado que se ha perseguido y acosado desde hace algún tiempo, los ingenieros técnicos forestales e ingenieros de montes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han pasado una carta dirigida al colectivo con la intención de dar a conocer su situación actual y expresar públicamente su opinión, denunciando la persecución y acoso al que están siendo sometidos.
Lamentablemente, siempre son los técnicos los que acaban pagando los platos rotos. Los platos de una administración que gestiona a golpe de normativa en papel, con muchos asesores y cargos políticos (comisarios del régimen), burdos, lerdos y mayormente incapaces, pero que nunca acaba de poner los medios necesarios para su adecuado y completo cumplimiento. Es el sino del dichoso y cacareado medio ambiente: convertirse en la fachada de un edificio muy bonito, medio vacío por dentro por faltarle cosas tan básicas como los tabiques, las puertas, los enchufes, algunas ventanas, etc. Y si hablamos del sector forestal ... sin comentarios. Habría mucho que comentar y no tengo ganas, la verdad. Somos una auténtica "república bananera". Deberíamos mirar más a Francia o Alemania y admirar menos a Italia.
Sí quisiera recordar que el foro del Colegio de Ingenieros de Montes, de carácter público, fue clausurado alrededor del verano de 2006 a consecuencia del agrio (y productivo) debate que se generó al hilo de esta tragedia, de los diferentes peritajes que se realizaron y del afán de figurar que algunas personas tienen. Sin insultos, desde el respeto y con las palabras bien medidas, cada cual dijo lo que opinaba al respecto. Se habló de los problemas en la extinción, de las "machadas" de algunas personas, de las condiciones explosivas del mismo, de la escasez de medios, de la tibia reacción, de las pésimas medidas preventivas, de lo deducido por algunos peritos en relación con el accidente y sus condiciones de propagación, aportando referencias fundadas, etc.
Sin embargo, por motivos que todavía desconozco, el colegio de montes decidió clausurar el foro, porque consideraba que se estaba "hiriendo gravemente la imagen de un compañero". Aunque claramente todos sabíamos de quién se trataba, y que nunca dió la cara, ni se quiso defender públicamente, el foro quedó clausurado durante un buen tiempo. No he vuelto por allí. No me interesa hablar donde la opinión está claramente censurada. Al menos lo estaba entonces. Me hubiese encantado poder ver cómo se defendía el señor que se mostró ofendido y "herido", argumentando lo que luego expuso en prensa, ante quienes no sabían muy bien de qué hablaba.
Simplemente, desde estas líneas me quiero solidarizar con los compañeros afectados por esta pesadilla y sinrazón y suscribo el contenido del escrito que inserto a continuación, para general conocimiento y así colaborar en su pública difusión. Mi apoyo moral más sincero por el mal trago que estarán pasando.
Todo ello sin olvidar a las familias de los afectados, que son los que más perdieron y supongo que tendrán ya ganas de que todo esto se acabe.
¡Justicia para tod@s!
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Estimados compañeros, como habréis sabido por la prensa o por referencias de otros compañeros, la instrucción del accidente en el que lamentablemente fallecieron 9 miembros de un retén, un jefe de zona de incendios y un auxiliar técnico de extinción (estos últimos agentes medioambientales) en el transcurso de las labores de extinción del incendio de los pinares del Ducado en Guadalajara, en julio de 2005, ha concluido con la imputación de siete técnicos de coordinación y extinción de incendios forestales.
Dicha instrucción, realizada en un clima altamente politizado, ha durado casi cuatro años. En ella, se han practicado numerosas pruebas testificales y periciales solicitadas por la jueza instructora y la acusación particular. Una gran parte de las pruebas solicitadas por la defensa de los técnicos imputados ha sido sistemáticamente denegada.
La instrucción tiene un claro punto de inflexión a raíz del traslado de la Jueza que comenzó los trabajos, quien previsiblemente iba a archivar el caso al no encontrar indicios de delito.
El nombramiento de una nueva Jueza en el Juzgado de Sigüenza coincide con la presentación de un informe pericial aportado por la acusación, y redactado por el Ingeniero de Montes, José Miguel Montoya Oliver.
Este informe pericial es la base fundamental para la imputación de siete técnicos de extinción y coordinación, el entonces director del Parque Natural del Alto Tajo y el Delegado Provincial de TRAGSA (empresa a la que pertenecían parte de los fallecidos).
El informe se presentó con gran repercusión mediática y se trata de un documento repleto de errores de bulto, incorrecciones y frases insultantes que reparte culpas y responsabilidades sin aportar ni un sólo dato objetivo, ni cartografía, ni datos climáticos, medios participantes ni análisis de las estrategias y tácticas de extinción.
Dicho informe tiene tres denuncias distintas ante el comité de ética profesional del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes desde el año 2008, sin que hasta la fecha se haya pronunciado al respecto.
El informe provocó un intenso debate profesional a través de Internet que motivó el cierre del foro que el Colegio tenía en su página web.
A petición de la propia Juez instructora, se presenta un informe pericial “in-saculado”, y por tanto no de parte, redactado por dos Ingenieros Técnicos Forestales en el que se pone de manifiesto la inexistencia de responsabilidad por parte de los técnicos imputados, descartando cualquier tipo de negligencia en el operativo de extinción y en el fallecimiento de los miembros del retén.
Existe asimismo otro informe elaborado por el Ministerio de Trabajo en marzo de 2006 en el que se analizan exhaustivamente las causas del accidente y del fallecimiento de los trabajadores, y en el que igualmente se concluye la absoluta falta de responsabilidad en el mismo por parte de los Técnicos.
Otra serie de informes avalan igualmente la tesis del accidente imprevisible como resultado de la muerte de los combatientes.
Todos estos informes son obviados totalmente en el auto de la Jueza por el que se pone fin a la instrucción de manera precipitada, ya que aún quedan pendientes de practicar pruebas solicitadas por el juzgado, y en el que se imputan tres presuntos delitos, uno de incendio forestal por imprudencia grave, otro contra los derechos de los trabajadores y un tercero por homicidio por imprudencia profesional a los técnicos participantes en las labores de coordinación y extinción del incendio.
Asimismo, y sin explicar los motivos, el auto ha exculpado al no encontrar indicios de conducta delictiva a cinco de los ocho excursionistas cuya barbacoa dio lugar al incendio.
La decisión de esta jueza de instrucción de cerrar el sumario manteniendo imputaciones tan graves a técnicos basándose exclusivamente en declaraciones de personas que ni siquiera actuaron en el incendio y grabaciones del 112, obviando informes periciales que exculpan a los técnicos (entre ellos el informe pericial que la propia instructora mandó realizar o el informe de la Inspección de Trabajo) crea un precedente de inseguridad para todas aquellas personas que trabajan en servicios de emergencias, entre ellas las que trabajan en extinción de incendios forestales. A partir de ahora se abre la veda para imputar a cualquier técnico del delito de incendios, bastaría con que no se apagara en el pronto ataque, poniéndole a los pies de los caballos de la prensa y condenándole a la pena de banquillo, es decir someter a personas inocentes a la trascendencia social de un juicio público frente acusaciones sin un mínimo de consistencia, basadas en diligencias sin fuerza valorativa suficiente.
Y lo que es más importante: una posible sentencia condenatoria en el juicio oral al que se enfrentarán estos técnicos, deja la puerta abierta a la persecución por vía penal de cualquier técnico que haya participado en trabajos de gestión, coordinación, extinción y prevención por cualquier daño y/o accidente ocurrido en el desarrollo de su trabajo.
No se trata de convencer a nadie, tan solo de informar al colectivo de técnicos (ingenieros de montes y ingenieros técnicos forestales principalmente) que como cada año, generosamente asume una serie de responsabilidades en el contexto de un servicio publico de emergencias como es el de extinción de incendios forestales y advertirle de las sombras y amenazas que se ciernen sobre el desarrollo de nuestro trabajo.
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